Entidades del Tercer Sector rechazan que las CCAA gestionen el IRPF para fines sociales y abogan por el modelo actual

La decisión del Tribunal Supremo de que sean las comunidades autónomas las que gestionen los fondos recaudados a través de la casilla para fines sociales que todos los contribuyentes pueden encontrar al realizar su declaración de la renta, ha despertado la preocupación entre diversas ONG, que temen que esa recaudación no llegue realmente a estas organizaciones.

En una sentencia emitida en el mes de diciembre y ahora conocida, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a la Generalitat catalana en su reclamación de gestionar las cantidades económicas procedentes de la casilla para fines sociales de la declaración de la renta, por ser el ámbito social una competencia autonómica.

En dicha sentencia, el Tribunal Supremo sitúa dentro de la competencia estatal “la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional ” y dentro de la autonómica lo ateniente a la “tramitación, resolución y pago de las subvenciones”.

Efectos adversos para las ONG
La Plataforma del Tercer Sector, recientemente creada y formada por la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la ONCE, ha hecho público un comunicado en el que refleja su “enorme preocupación por los efectos que la reciente sentencia del Tribunal Supremo puede ocasionar en el actual modelo de asignación tributaria del IRPF”.

Las ayudas asignadas con la recaudación obtenida en la casilla de fines sociales de la declaración de la renta actualmente llegan a las organizaciones locales y autonómicas mediante una convocatoria pública estatal, como ha recordado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, en declaraciones a la agencia Servimedia.

Con el nuevo modelo de asignación que determina la sentencia del Tribunal Supremo, “puede darse el caso de que ese dinero no llegue a las ONG”, indica Poyato, si ese dinero es gestionado por “una Consejería de Bienestar Social”. Luciano Poyato añade que la sentencia del Tribunal Supremo no establece que las comunidades autónomas hagan convocatorias públicas, lo que despierta la duda de cómo serán asignadas las cantidades procedentes del IRPF destinadas a fines sociales.

Mantenimiento del modelo actual de reparto
En su comunicado, la Plataforma del Tercer Sector pide al Gobierno “la adopción de cuantas medidas normativas y jurisdiccionales estén a su alcance para defender y consolidar el actual modelo de articulación de la asignación tributaria del IRPF para fines sociales y garantizar la solidez y cohesión de las organizaciones sociales que configuran el Tercer Sector”.

Para las organizaciones que constituyen la citada Plataforma, otro de los efectos que tendría el hecho de hacer efectivo el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sería la obligatoria multiplicación de estructuras de ONG. De este modo “se perdería el efecto de trabajo en red, que ha dado muy buenos resultados y podría ocasionar la desaparición de muchas actuaciones realizadas por organizaciones pequeñas e incluso su propia existencia” aseguran desde la Plataforma del Tercer Sector.