Expertos piden una mayor protección de los menores con discapacidad con especial atención a las niñas

La jornada ‘Menores con discapacidad ¿menores derechos?’, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), reunió ayer a profesionales del movimiento asociativo de la discapacidad y representantes de las Administraciones responsables del ámbito de la familia que concluyeron la necesidad de que se realicen cambios estructurales en la normativa reguladora de los derechos de los menores para garantizar su plena protección, lograr una verdadera educación inclusiva y alcanzar la universalización de la atención temprana.

Los expertos coincidieron en señalar la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades de los menores con discapacidad a través de la citada educación inclusiva y la atención temprana, siempre “con el objetivo de que las personas con discapacidad dejen de ser dependientes y se conviertan en sujetos activos”, señaló la vicepresidenta del CERMI, Mari Luz Sanz, quien consideró que las necesidades de las familias que tienen hijos con discapacidad deben ser tenidas en cuenta para desarrollar la legislación vigente al respecto, según informa la agencia Servimedia.

El presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, Alberto Soteres, recordó que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó en 2011 varias recomendaciones a España en relación a los niños y niñas con discapacidad. De estas recomendaciones, Soteres señaló como las más acuciantes "el fomento de la participación, en especial de las niñas; la lucha contra la violencia; el acceso inclusivo a servicios de apoyo y cuidado; y, con respecto a educación, la disponibilidad de profesorado especializado".

Elemento transversal en las políticas
La incorporación de la discapacidad como elemento transversal en las políticas de protección a los menores es para el subdirector general de Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Félix Barajas, para garantizar esa protección demandada en el encuentro celebrado ayer. Barajas destacó el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (Penia) en el que está trabajando el Ministerio, el cual, según señaló, se adapta a los planteamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y abordará con carácter transversal la situación de los menores en riesgo, con discapacidad y en situación de exclusión "por su doble vulnerabilidad".

Entre las propuestas de mejora del marco normativo de las que planteadas en la jornada ‘Menores con discapacidad ¿menores derechos?’ destacó la realizada por María José Alonso Parreño, autora del estudio promovido por el CERMI, ‘Propuestas de mejoras en el marco normativo de los menores con discapacidad en España’ que solicita la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM), ya que, según ha asegurado, en esta normativa “no existe ninguna referencia a la discapacidad, mientras que en la Convención de Derechos del Niño de 1989, sí”.

Parreño propuso la adaptación de la LOPJM como “mejor vía” para llegar a las comunidades autónomas y recordó que la ausencia del factor de la discapacidad conduce a la “vulneración de los derechos fundamentales”. La autora del estudio del CERMI destacó la importancia de adoptar medidas de protección de menores y el derecho a la atención temprana como “novedad obligada”

Especial atención a las niñas
La intensificación de la protección de los derechos de los menores demandada en el encuentro celebrado ayer debe contemplar, en opinión de a presidenta del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad y comisionada de Género del CERMI, Ana Peláez, a las niñas con discapacidad como “objeto preferente” de las políticas públicas de inclusión. Peláez mostró su preocupación por la falta de garantía de derechos con respecto a los menores con discapacidad y, especialmente, en el caso de las niñas.

Una protección adecuada de los menores con discapacidad requiere, entre otras medidas, la incorporación, de manera transversal, del género y la discapacidad en todas las políticas públicas, la atención directa y temprana en las niñas con discapacidad, así como mejoras en el entorno comunitario para alcanzar la inclusión de este grupo, indicó Peláez, según informa Servimedia.

La vicepresidenta del CERMI, Mari Luz Sanz, recordó que las barreras con las que aún se encuentran las personas con discapacidad para encontrar una verdadera igualdad de oportunidades sitúan a éstas en una situación que "se agrava en las mujeres y niñas con discapacidad".

Dotación de recursos
Los representantes de diversas entidades del movimiento asociativo plantearon en el encuentro la necesidad de mayor formación para los profesionales en atención temprana y un incremento en la dotación de recursos para conseguir que los menores con discapacidad participen plenamente en la sociedad y en igualdad de condiciones.

La representante de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), Carmen Jáudenes, recordó que “la regulación y la universalización de la atención temprana es el termómetro de la madurez de las políticas sociales que desarrolla un país”. Para lograr este fin es preciso, según Jáudenes, “cambios estructurales, así como una mayor coordinación para los apoyos, prestaciones y servicios; una mayor pluralidad; la formación de profesionales, más información y sensibilización o una evaluación continua y rigurosa”.

La falta de dotación de recursos de apoyo y coordinación profesional, “sólo la mitad de los alumnos con discapacidad pasan de Primaria a Secundaria; aproximadamente, el 2% del alumnado con discapacidad llega a la FP; el 1% al Bachillerato; y el 3% de estudiantes con discapacidad cursan estudios superiores”, es en opinión de Jáudenes otra alerta a considerar.

La presencia activa de los menores con discapacidad en las organizaciones y la importancia de las familias en el sistema de cambio son para son esenciales para el gerente de DOWN España, Agustín Matía. Belén Sáenz-Rico de Santiago, miembro de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, APREM y profesora de la Facultad de Educación de la UCM-APREM, aseguró en relación con la educación inclusiva que la LOGSE es el sistema “fundamental para la incorporación e integración de las personas con discapacidad”, aunque ha reconocido que “el objetivo no es su integración, sino la normalización”.