Patrimonio protegido

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de mayo de 2012 sobre exenciones fiscales aplicables a la masa patrimonial denominada patrimonio especialmente protegido de las personas

Siendo cierto que la Ley 41/2003 se encontraba en vigor al tiempo de realizarse las diversas adquisiciones inmobiliarias por el reclamante, y aun siendo cierto que el reclamante acredita hallarse ahora en situación de minusvalía, es forzoso desestimar la aplicación de dicha Ley 41/2003 por las siguientes razones expuestas de forma sucinta:
a) La Ley 41/2003 no contempla ninguna norma relativa a la exención o bonificación fiscal respecto de las adquisiciones de fincas rústicas por las personas con discapacidad.

Modificación de diversos Reales Decretos en materia de discapacidad

El Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, atribuye al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia, entre otras, de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor y de atención a las personas en situación de dependencia o con discapacidad.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre Régimen fiscal del Patrimonio Protegido: Tributación de ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de la enajenación de determinados fondos y activos

En su liquidación del IRPF, la recurrente practicó deducción por descendientes  reducción por discapacidad de descendientes y reducción por gastos de asistencia discapacitados.

La Administración tributaria, giró liquidación provisional por una serie de rendimientos imputables al hijo en concepto de ganancias patrimoniales con periodo de generación superior a un año procedentes de la enajenación de fondos de inversión; y rentas de capital por importe

Registro catalán de nombramientos tutelares no testamentarios y de poderes otorgados en previsión de incapacidad y del Registro de patrimonios protegidos.

El artículo 222.8 del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, aprobado por la Ley 25/2010, de 29 de julio, dispone que en el Registro de nombramientos tutelares no testamentarios se tienen que inscribir las delaciones de las tutelas otorgadas en escritura pública en uso de las facultades que establecen los artículos 222.4 y 222.5 y también los poderes otorgados en previsión de una situación de incapacidad.

Financial Codex

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Financial Codex es una empresa dedicada al sector jurídico y de las nuevas tecnologías compuesta por un equipo de profesionales especializados en el mundo de la tutela. Mas específicamente en la gestión económica y jurídica, que viene colaborando desde hace años con entidades públicas y privadas destinadas al ejercicio tutelar. Una empresa puntera que ha sido la primera en desarrollar un software original y único en el mercado para la gestión del patrimonio de los tutelados denominado Peiton®.

Patrimonio Protegido

El Patrimonio Protegido es una nueva solución para la protección económica de las personas con discapacidad. Está compuesto por bienes y derechos y condicionado a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad en cuyo interés se constituye.

Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas con discapacidad

Imagen de la cubierta del libro -Guía práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones [...]-

La Fundación Jiennense de Tutela (en adelante FJT) es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el desempeño de los fines atribuidos, entre otros: el ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente, cuando la autoridad judicial encomienda dicho servicio a la Fundación. La estructura de la Guía tiene un doble sistema expositivo.

El CERMI reclama al Gobierno que mejore ya la fiscalidad de los patrimonios protegidos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido al Ministerio de Economía y Hacienda que cumpla el mandato legal que obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos a favor de personas con discapacidad.

La Ley 1/2009, de 25 de marzo, establecía en su Disposición Final Segunda un mandato al Gobierno de remitir, en el plazo de seis meses, a las Cortes un Proyecto de Ley sobre mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos.

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